Se evaluó el nivel de implementación de buenas prácticas de gobernanza en las políticas de seguridad pública y desarrollo fronterizo de los países auditados. Estas políticas son parte de una estrategia a mediano plazo para mejorar los elementos estructurales que condicionan la gestión política y administrativa de las zonas fronterizas.

La auditoría coordinada por el TCU fue realizada en cada país por la respectiva Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). Los siguientes países miembros participaron en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs): Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.

En el proceso de controlar el flujo de bienes y mercancías en la región fronteriza, se descubrió que nueve países, incluido Brasil, no tienen suficientes buenas prácticas de gobernanza para alcanzar el nivel mínimo aceptable. En los procesos de control de flujo, se descubrió que ocho países, incluido Brasil, no adoptan buenas prácticas de gobernanza en el nivel apropiado.

Además, se encontró que la mitad de los países evaluados, incluido Brasil, no adoptan buenas prácticas de gobernanza al nivel apropiado para la vigilancia de sus zonas fronterizas. Asimismo, se encontró que seis de los países evaluados, incluido Brasil, tienen niveles de prácticas de buen gobierno por debajo de los aceptables en relación con el proceso de trabajo para prevenir y reprimir los delitos transfronterizos.