RESUMEN 

• El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU-Brasil) siguió, para la cuarta etapa, la implementación de las ayudas de emergencia en respuesta a la crisis provocada por la Covid-19 y otras acciones relacionadas con la asistencia social. 

• Entre los hallazgos, el TCU-Brasil encontró que hay ciudadanos que cumplen con los requisitos legales, pero no pueden acceder a la ayuda de emergencia, y también al contrario, personas que no cumplen con los requisitos legales, pero que reciben la ayuda. 

• Hay 3,3 millones de personas indebidamente excluidas, que están en situación de carencia. Ellas son de raza negra o morena, tienen entre 30 y 44 años y viven en las afueras de las capitales o en el interior de los estados, con una tasa media de alfabetización menor que las incluidas en el beneficio. 

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU-Brasil) acompañó, para la cuarta etapa, la implementación de las ayudas de emergencia en respuesta a la crisis provocada por la covid-19 y otras acciones relacionadas con la asistencia social. El trabajo analizó la prórroga de pagos con la ayuda de emergencia residual y detectó estimaciones de pagos indebidos. 

El principal objetivo de la ayuda de emergencia es garantizar una fuente de ingresos para un público específico, especialmente en el contexto de una drástica reducción de la actividad económica provocada por medidas de aislamiento social, que ha afectado a algunos sectores económicos y actividades laborales. Hasta agosto de 2020, los contratos celebrados con la Dataprev-Brasil, Caja Económica Federal (Caixa-Brasil) y Correos (Correios-Brasil) generaron pagos del orden de R$ 103 millones. 

En la etapa actual, el trabajo evaluó los procesos de julio y agosto y acompañó a los hallazgos presentados en el informe anterior, como pagos a reclamantes sin derechos, falta de acceso por parte del público objetivo y transferencia de recursos extraordinarios a estados y municipios. La novedad de esta fase es el examen de las medidas adoptadas por los gestores implicados, en cumplimiento de las deliberaciones emitidas por el TCU-Brasil, así como el seguimiento del grado de su implementación. 

El seguimiento abordó, nuevamente, el riesgo de que los solicitantes sin derecho a la ayuda de emergencia sean contemplados indebidamente, el llamado error de inclusión indebida. Ellos pueden llegar a 7,3 millones de personas, o el 10,8% de la audiencia objetivo, con recursos del orden de R$ 29 billones. Para el Tribunal, esto se debió a las limitaciones de registro en las bases de datos gubernamentales y al alto nivel de informalidad en las relaciones de empleo y relaciones conyugales, dado que algunas reglas para la elegibilidad de la ayuda de emergencia son difíciles de verificar. 

Las determinaciones anteriores del Tribunal relacionadas con pagos indebidos de la ayuda de emergencia a militares fueron cumplidas por los organismos gubernamentales involucrados, lo que provocó la cancelación de aproximadamente 58 mil beneficios y la devolución de aproximadamente R$ 28 millones. 

El TCU-Brasil también analizó el hecho de que 3,3 millones de personas en situación de carencia y que cumplen con los requisitos legales no tienen acceso a la ayuda de emergencia. Para el relator del proceso, ministro Bruno Dantas, “el riesgo de exclusión indebida es de significación equivalente al riesgo de inclusión indebida, ya que no se logra el objetivo de la política de ayudar a los vulnerables en este momento”. 

En cuanto a la exclusión indebida, las recomendaciones anteriores del Tribunal no fueron implementadas, ya que no se identificaron los casos de los demandantes que no recibieron respuesta a través del sitio web o la aplicación. 

El Tribunal seguirá acompañando el nivel de ejecución de la ayuda de emergencia y supervisando el cumplimiento de sus deliberaciones sobre el beneficio.