El cumplimiento del deber de transparencia por parte de la administración pública se ha abordado en varias fiscalizaciones llevadas a cabo por el TCU, que se centraron en el asunto directa o indirectamente. Ahora, los trabajos han sido sistematizados en tres ejes: la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, en la actividad de las organizaciones gubernamentales y en los indicadores de desempeño y resultados.

Para el ministro-relator del tema, Augusto Sherman Cavalcanti, “el deber de la Administración de dar acceso a la información resultante de su actividad no es nada más que el deber de transparencia. Desde la promulgación de la Constitución de 1988, este deber se ha ido materializando gradualmente en la legislación infra-constitucional hasta que culminó con la publicación de la Ley de Acceso a la Información (LAI).´´

Con respecto a la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, el Tribunal ha desarrollado trabajos que examinan la adherencia a la legislación, en particular a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), y buscan identificar escenarios de riesgo para el equilibrio fiscal. “La combinación de estos enfoques ha dado como resultado la identificación de fallas críticas en la transparencia que podrían distorsionar la percepción de la realidad fiscal. En este grupo, la fiscalización más emblemática se refirió a los llamados “pedales fiscales”, examinados en la opinión previa sobre las cuentas de la presidente de la República para el año 2014”, dijo Augusto Sherman.

El segundo capítulo del FiscTransparencia se refiere a la evaluación de la transparencia en las organizaciones públicas. Para ello, las actividades y los procesos se verificaron en función de la asistencia a la LAI y otras normas relacionadas, principalmente en relación con el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la transparencia pasiva, la transparencia activa, la calidad de los datos disponibles y la caracterización de la información como datos abiertos.

En general, el TCU constató que los organismos e identidades aún enfrentan la dificultad de clasificar correctamente las informaciones, lo que ha dificultado la implementación efectiva de la “directriz máxima de la LAI, es decir, el cumplimiento de la publicidad como precepto general y del sigilo como excepción´´, consideró el ministro-relator.

El tercero eje de actuación de la Corte de Cuentas trata de la transparencia en el uso de indicadores de desempeño. Los indicadores tienen dos propósitos: resaltar los objetivos de las acciones gubernamentales y evaluar los resultados de esta acción. Entre los trabajos seleccionados, se destacan las fiscalizaciones realizadas sobre los Planos Plurianuales (PPA).

Como conclusión de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas de la Unión decidió recomendar la Casa Civil de la Presidencia, entre otros, que promueva acciones para difundir, junto a las organizaciones públicas federales, el modelo de datos abiertos, como una forma de mejora de la transparencia activa requerida.