“Con base al cruce de datos ofrecidos por los robots y el desempeño de las secretarías del TCU en los estados, desde abril, fueron acusados 22 procesos de representaciones  y denuncias para averiguar la regularidad de compras y adquisiciones sobre la Covid-19”, afirmó Tânia Pimenta, titular de la Secretaría de Control Externo de Adquisiciones Logísticas (Selog), unidad que es uno de los principales usuarias de los robots, que resultan de la actuación de la Secretaría de Gestión de la Información para el Control Externo (SGI). El valor total de las compras relacionadas con estos procesos supera los US$ 39 millones.

El TCU-Brasil ha invertido en el uso de Inteligencia Artificial debido a su agilidad en la detección de posibles actos ilícitos. El trabajo de la SGI ayuda a monitorear los contratos públicos relacionados a la Covid-19 en tres aspectos, según el secretario Wesley Vaz Silva. El  primero es la verificación diaria automática por parte de un robot en el Diario Oficial de la Unión para verificar las dispensas y la inaplicabilidad relacionada con la Covid. 

El segundo es un estudio de caso de proveedores en el contexto de la pandemia. La SGI realizó un panel de riesgos que analiza a estos proveedores en base a 12 reglas. “Si la empresa se creó después de la pandemia o si tiene un político como socio, por ejemplo, existe el riesgo de que la empresa se vea favorecida por la contratación o que no entregue lo que se necesita”, comenta Wesley. 
Finalmente, se envían alertas específicas de la Covid a la Selog. La herramienta permite a los auditores elegir temas de interés para las alertas, como máscaras y equipos de protección personal (EPI). 

Los robots filtran textos que tratan sobre el coronavirus y cruzan información con parte de un conjunto de cien bases de datos. Un extracto de estos datos se envía diariamente a la Selog, que evalúa qué pedidos son necesarios. 

Los auditores pueden solicitar a los organismos públicos más información para investigar más a fondo determinados contratos. Los procedimientos se acusan si los auditores identifican indicios de irregularidades con respecto a determinadas compras. En este caso, los procesos se abren y se distribuyen al ministro relator responsable del área de actuación  en el Plenario del TCU. 

Ejemplos de procedimientos acusados: 

•    Contrato realizado, en Bahía, por un valor de US $ 8,7 millones, que incluye el prepago para la compra de 300 ventiladores pulmonares.

•    Adquisición de material médico- hospitalario en Roraima, cuyo valor estimado alcanza los US $ 8 millones.

•    Adquisición de ventilador mecánico/electrónico, en Ceará, en el que se identificó la ocurrencia de sobreprecio de equipos. Contrato por un valor aproximado de US $ 4,1 millones.

•    Adquisición de equipo de protección personal (EPI), en Rondônia, por un monto total de US $ 983 millones.

•    Adquisición de mascarillas PFF2/N95, en Tocantins, por un valor de US $ 536 mil.