RESUMEN 

• El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU-Brasil) analizó las nóminas de pago de la ayuda de emergencia relacionadas con la pandemia de la Covid-19. 

• Los datos de abril a julio indicaron 439.758 beneficiarios de la ayuda de emergencia con evidencia de recibo indebido, en incumplimiento de la Ley 13.982 / 2020. 

• El TCU-Brasil verificó que hay 231 familias, inscritas a través de la aplicación de la Caja Económica Federal (Caixa-Brasil), con más de dos miembros beneficiados por la ayuda de emergencia, lo cual está prohibido. 

• “Hubo 1.517 beneficiarios del programa Bolsa Familia no elegibles a la ayuda de emergencia, aunque es probable que cumplan con los criterios legales”, reflexionó el ministro Bruno Dantas. 

• La auditoría del Tribunal constató la poca efectividad de los controles sobre los criterios relacionados con las familias.   

• El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU-Brasil) determinó al Ministerio de la Ciudadanía la revisión de las señales de irregularidades identificadas, en un plazo de 30 días. 

El pasado miércoles (4), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU-Brazil) evaluó su tercer Informe de Seguimiento sobre los datos relacionados con las acciones para combatir la Covid-19 en las áreas de Asistencia Social, Seguridad Social y Gestión Tributaria. 

“Nuestro objetivo es identificar riesgos y orientar a los gestores sobre posibles problemas en el desarrollo de las acciones que ellos pretendan y que pueden comprometer su efectividad. Así, buscamos contribuir a dar transparencia a la sociedad sobre el destino del dinero público ”, explicó el ministro-relator Bruno Dantas. 

Al analizar la nómina de pago de la ayuda de emergencia relacionada con la pandemia de la Covid-19, el TCU-Brasil constató que los datos de abril a julio de 2020 indicaron 439.758 beneficiarios de ayudas de emergencia con indicio de recepción indebida, es decir, en incumplimiento de los criterios de la Ley 13.982 / 2020 (artículo 2 º). 

“La conclusión es que hay más de 400 mil ayudas con indicios de errores de inclusión, de un total de casi 67 millones de beneficiarios de la ayuda de emergencia, alcanzando un volumen de recursos de R$ 813 millones, considerando la suma de las cuotas de abril a julio, lo que reafirma la toma de conciencia del riesgo de inclusión indebida”, calculó el ministro Dantas. 

En general, la ayuda de emergencia, creada por la Ley 13.982 / 2020 (modificada por la Ley 13.998 / 2020), consiste en una ayuda de R$ 600 otorgada a beneficiarios del programa Bolsa Familia, desempleados, trabajadores informales, microempresarios individuales (MEI) y contribuyentes individuales al Régimen General de Seguridad Social (RGPS). 

“La motivación para crear la ayuda de emergencia fue el impacto que provocó la reducción de la actividad económica, especialmente en los ingresos de los trabajadores informales y de las personas en situación de pobreza. La reducción de la actividad económica se debió básicamente a las medidas de distanciamiento social para reducir el nivel de contagio”, señaló el ministro-relator. 

El TCU-Brasil verificó que había 231 familias inscritas a través de la aplicación de la Caja Económica Federal (Caixa-Brasil), con más de dos miembros beneficiarios de la ayuda de emergencia, lo cual está prohibido por el Párrafo 1 º del artículo 2 º de la Ley 13.982 / 2020, totalizando un gasto extra de R$ 291 mil, considerando pagos de la ayuda hasta el mes de julio. 

La Corte también señaló “1.517 beneficiarios del Programa Bolsa Família que fueron considerados inelegibles para la ayuda de emergencia, aunque existe una probabilidad razonable de que cumplan con los criterios legales”, reflexionó el ministro-relator Bruno Dantas. 

La auditoría del Tribunal constató que los controles de los criterios relacionados con las familias eran poco eficaces. Señaló, además, las deficiencias de control derivadas de la multiplicidad de documentos de identificación utilizados por las políticas públicas de Asistencia Social, lo que dificulta la identificación de titularidad de los beneficiarios. 

El TCU-Brasil determinó  al  Ministerio de la Ciudadanía que revise las señales de irregularidades identificadas por la auditoría dentro de un plazo de 30 días.