El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) coordinó una auditoria regional en el ámbito de Grupo de Trabajo de Auditoria de Obras Públicas de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y del Caribe (Gtop/Olacefs), con el objetivo de evaluar la eficiencia y la efectividad de las políticas públicas de inserción de fuentes renovables en la matriz eléctrica; bien como contribuir para superar barreras existentes a la expansión de la infraestructura correspondiente y para la consecución de los objetivos nacionales e internacionales (ODS e Acuerdo de París) relacionados al medio ambiente, seguridad/diversificación de la matriz energética y al desarrollo nacional.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo financiero de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), agencia alemana especializada en temas relacionados al desarrollo sostenible.

Del 24 al 28 de septiembre de 2018, fue realizada la Oficina de Capacitación y Planeamiento para la Auditoría Coordinada sobre Energías Renovables en el Sector Eléctrico en la ciudad de Santiago, en Chile, bajo la coordinación de la Secretaría de Fiscalización de Infraestructura - Energía (SeinfraElétrica) y el patrocinio de la GIZ, con el objetivo de capacitar los equipos de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) participantes, bien como establecer parámetros para la ejecución de la auditoria coordenada.

La oficina fue realizada en la sede de la Contraloría General de la República de Chile. Además del TCU, que coordinó los trabajos, y de la EFS chilena, participaron las EFS pertenecientes a los siguientes países: Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

En los dos primeros días, fueron realizadas presentaciones de dos especialistas sobre diversos aspectos relacionados a las energías renovables y a la operación del sistema eléctrico como un todo: Ruben Contreras Lisperguer, especialista en energía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y Roberto Velásquez, Sócio director de la Consultoría Facto Energy. Se destaca que esta consultoría también fue contratada en el ámbito de la asociación entre el TCU y la GIZ para la elaboración de benchmarking internacional, con miras a identificar lecciones y buenas prácticas sobre la temática.

En los dos días subsecuentes, fue discutida la formulación de una matriz de planificación que guiará los trabajos a ser desarrollados en los próximos meses, por las diversas EFS participantes. En la discusión, fue utilizado el abordaje del Design Thinking, que propone la busca de la solución de problemas de forma colectiva y colaborativa, en una perspectiva de empatía máxima entre los participantes.

Los miembros del equipo del TCU actuaron como facilitadores de las discusiones en grupo y colectaron decenas de reflexiones y sugestiones sobre el alcance del trabajo y sobre las cuestiones de auditoría. Así, fue posible la construcción de una matriz colectando las opiniones y las sugestiones de todas las entidades involucradas.

En el último día, hubo la aprobación consensuada de la matriz de planificación por todos los representantes de las EFS presentes en el evento, bien como la definición del cronograma de las próximas actividades.

La ejecución de la auditoría por las EFS está prevista para ocurrir en el período de octubre de 2018 a marzo de 2019. En abril de 2019, habrá un nuevo taller para consolidación de los resultados de la auditoría y, en seguida, la elaboración del informe consolidado regional, previsto para que sea concluido en octubre de ese año.

La participación del TCU en el taller contó con la presencia de auditores de la SeinfraElétrica, de la Secex-RS y de la Serint, constituyéndose en una actuación conjunta y coordinada entre las referidas unidades de esta Corte de Cuentas.

Se resalta que la realización de esta fiscalización se debe a la relevancia que el tema ha ganado a nivel global, ya que la emisión de gases contaminantes derivados de la utilización de combustibles fósiles viene causando serios problemas, como es el aumento de la contaminación en los conglomerados urbanos, además de acentuar el cambio climático.

El incremento de las energías limpias es una de las principales estrategias para mitigar los problemas causados por la emisión de gases de efecto invernadero y debe buscarse conjuntamente por todos los países potencialmente o efectivamente contaminantes, ya que es un tema que no respeta las fronteras.

Es pertinente recordar que recientemente se firmó el Acuerdo de París, en el cual prácticamente todos los países se comprometen a realizar esfuerzos para reducir las emisiones.

Además, los países miembros de la ONU han firmado la Agenda 2030, en la que se han destacado diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales al menos cinco se relacionan, directa o indirectamente con la realización de esta auditoría coordinada internacional: ODS 7: Energía asequible y no contaminante; ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 13: Acción por el clima; ODS 16: Paz, justicia e instituciones eficaces y ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

En los últimos años ha habido un expresivo desarrollo tecnológico relacionado con las energías limpias en el sector eléctrico, especialmente las fuentes de energía eólica, solar y de biomasa, haciéndolas cada vez más competitivas económicamente. Esto llevó a varios países a adoptar incentivos y estimular procesos competitivos con el objetivo de ampliar la participación de esas fuentes en la producción de energía eléctrica.

En el contexto del esfuerzo colaborativo inducido por los acuerdos internacionales mencionados anteriormente, esta auditoría también es una herramienta importante para detectar oportunidades de mejora y buenas prácticas en las políticas públicas relacionadas con el tema, resultados que pueden traer insumos relevantes para el mejoramiento de estas políticas en nuestros países, en nuestra región e incluso en la comunidad internacional.