El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU-Brasil) y la organización no gubernamental Transparencia Internacional-Brasil lanzaron el guía Recomendaciones para Transparencia de Contrataciones Urgentes en Respuesta a la Covid-19.

La publicación, elaborada en asociación por las dos instituciones, se destina a gestores públicos federales, estatales y municipales, los cuales, en razón a la pandemia, deben cumplir a la Ley 13.979/2020, que dispone sobre las medidas para el enfrentamiento de la emergencia en salud pública debido a la pandemia de la Covid-19.    

 
La idea es que la publicación sirva de referencia para la prevención y el combate a la corrupción en el escenario actual, ofreciendo a gestores y órganos de control, informaciones prácticas para que el gobierno federal brasileño, sus Estados y Municipios puedan conducir de manera adecuada la administración de los fondos públicos durante la crisis. “En este momento, los órganos de control, como el Tribunal de Cuentas de la Unión, deben actuar en conjunto con los gestores públicos para garantizar que los recursos se utilicen de la mejor manera posible y que consigan lograr su objetivo: salvar vidas y minimizar los impactos de la pandemia”, afirma el secretario del Control Externo del TCU- Brasil, Paulo Wiechers.

Para el coordinador de pesquisa del Centro de Conocimiento Anticorrupción de la Transparencia Internacional - Brasil, Guilherme France, el acto de simplificar y hacer más ágiles los procesos de compras y contrataciones no significa prescindir de mecanismos y controles que minimizan los riesgos de corrupción. “El control realizado por la sociedad y por la prensa, especialmente, tiene el potencial de detectar irregularidades y prevenir desperdicios y corrupción. Pero, para que ese control pueda ser efectivamente ejercido, el Gobierno Brasileño, los Estados y los Municipios deben ofrecer todas las informaciones sobre las contrataciones urgentes”, sentencia.   

Referencia - Las recomendaciones han sido pensadas a partir de la legislación brasileña (Ley de Oferta, Ley del Acceso a la Información  (LAI), Política Nacional de Datos Abiertos) y de las mejores prácticas sugeridas y desarrolladas por los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil con historial de actuación en la promoción de la integridad y transparencia. 

También sirvió de referencia el estudio “Contrataciones Públicas en Situaciones de Emergencia”, desarrollado por la Transparencia Internacional – Brasil en conjunto con 12 oficinas de los organismos en Latinoamérica.