Prezado usuário, este portal não é compatível com o navegador Internet Explorer ou outros navegadores antigos.

Recomenda-se o uso de versões atualizadas dos navegadores Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox.

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU - Brasil)

Conteúdo

Cuentas del Gobierno

lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F50156C848E3991532&inline=1La rendición de cuentas por el jefe de gobierno es un instrumento tradicional de accountability en la administración pública de Brasil. La Constitución determina que los gobiernos en las esferas federal, estadual y municipal tienen dos meses al año para producir un informe tratado del estado global de las respectivas finanzas públicas del año anterior. De esa manera, un tribunal de cuentas independiente se encarga de la presentación al Parlamento de una amplia revisión de cuentas, que incluye el parecer no vinculante del TCU sobre la regularidad de las cuentas anuales.  De ahí, el Parlamento emite una decisión final sobre las cuentas rendidas.

En el caso del gobierno federal, queda a cargo del TCU presentar al Congreso una revisión de las cuentas anuales del Presidente. Esto es altamente valorado como una instancia para el Tribunal ejercer el control independiente del gobierno, asistir al Congreso con su rol de fiscalización y promover accountability pública, transparencia y control social de la actividad del gobierno, puesto que su revisión de las cuentas anuales constituye un elemento clave para las autoridades públicas, académicos, medios de comunicación y grupos de defensa nacionalmente.

Además de su función de revisión independiente y pública de las acciones del gobierno, el proceso de cuentas del gobierno puede asumir un rol más crítico para los líderes de gobierno, una vez que la legislación existente determina que, cuando las cuentas son juzgadas “irregulares” por el Congreso tal hecho tiene implicaciones como por ejemplo, convertir el detentor del cargo en temporalmente inelegible. El informe independiente per se del Tribunal, aunque no vinculante para la decisión parlamentar, puede también subsidiar investigaciones o casos legales interpuestos fiscales públicos o servir como base para procedimientos de destitución