Estructura Organizacional
Bajo la Constitución Federal, el Tribunal tiene jurisdicción sobre cualquier persona o entidad legal pública o privada que use, recaude, guarde, gestione, invierta o administre fondos, activos y valores públicos federales los cuales están bajo la responsabilidad de la Unión. Los que asumen obligaciones pecuniarias en nombre de la Unión también están bajo su jurisdicción.
Igualmente están incluidos aquellos que causan pérdida, extravío u otras formas de irregularidad que resultan en pérdidas para el tesoro público.
La jurisdicción del Tribunal incluye aún aquellos responsables por las entidades corporativas privadas elegibles para recibir contribuciones parafiscales y entregar servicios de interés público o social, así como aquellos que son obligados a presentarse al TCU, o cuyos actos pueden estar sujetos a su fiscalización, en conformidad con la ley.
Su jurisdicción también incluye aquellos responsables por la aplicación de fondos transferidos por la Unión, sea por acuerdo, tratado común, liquidación u otro instrumento similar, para los estados brasileños, el Distrito Federal, o los municipios
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Aquellos responsables por los fondos, activos y valores públicos federales son obligados a someter sus cuentas todos los años para adjudicación por el Tribunal, como forma de rendición de cuentas.
Además de esta obligación anual, los responsables están sujetos a rendición especial de cuentas, no programada. En el caso de incumplimiento de la obligación de presentar un informe, de no demonstrar aplicación continua y apropiada de fondos transferidos por la Unión, ocurrencia de desvío o apropiación indebida de fondos, activos o valores, o la práctica de cualquier acción financiera ilegal, ilegítima o antieconómica que resulte en pérdidas al tesoro público.
La liquidación de cuentas, las inspecciones realizadas por el TCU, y otros asuntos que les son comunicados dan lugar a acciones según la ley. Los ministros son responsables por evaluar las acciones de acuerdo con la ley, presentando sus respectivos votos y sometiendo sus decisiones propuestas para la apreciación de sus compañeros.
El análisis de las acciones según la ley y la sumisión de fallos presentados también pueden ser realizados por los ministros suplentes. En el caso de que actúen en el lugar de un ministro, ellos también pueden ejercer su derecho de voto.
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Las atribuciones oficiales del Tribunal de Cuentas de la Unión están establecidas en los artículos 33, § 2, 70, 71, 72, § 1, 74, § 2, y 161, párrafo único, de la Constitución Federal. A continuación, sigue un sumario de las atribuciones.
• Evaluar las cuentas anuales del Presidente de la República (art. 71, I).
• Evaluar la legalidad de los procesos de admisión y selección de personal y la concesión de jubilaciones civiles y militares y pensiones (art. 71, III).
• Realizar inspecciones y auditorias, por iniciativa propia o por solicitación del Congreso Nacional (art. 71, IV).
• Auditar las cuentas nacionales de corporaciones supranacionales (art. 71, V).
• Auditar el uso de fondos federales transferidos a los estados brasileños, al Distrito Federal o a los municipios (art. 71, VI).
• Prestar informaciones al Congreso sobre auditorías realizadas (art. 71, VII).
• Aplicar sanciones y exigir reparación de ilegalidades e irregularidades de conducta y en contractos (art. 71, VIII to XI).
• Auditar la aplicación de subsidios y de renuncia de ingresos (art. 70).
• Emitir pareceres conclusivos acerca de gastos no autorizados cuando solicitados por la Comisión Mixta Permanente de Senadores y Diputados del Congreso Nacional (art. 72, § 1).
• Investigar denuncias hechas por cualquier ciudadano, partido político, asociación o sindicato, sobre irregularidades e ilegalidades (art. 74, § 2).
• Establecer los coeficientes de participación de los estados brasileños, del Distrito Federal y de los municipios en los recursos Federales, así como fiscalizar la entrega de esos recursos a los gobiernos estaduales y municipales. (Art. 161, párrafo único).
Además de estos deberes, son atribuidos al Tribunal de Cuentas de la Unión otros en leyes regulares. Algunos de ellos son: juzgar quejas presentadas por participantes de licitaciones o por cualquier persona en un contrato licitatorio, o por cualquier individuo o persona legal, acerca de irregularidades practicadas contra la Ley de Licitaciones y Contractos; monitorear y fiscalizar los procesos de privatización para crear y mantener una página web para la publicación de datos e informaciones relacionadas a las cuentas públicas, y monitorear el cumplimiento con las normas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que incluye examinar y emitir una opinión legal sobre las cuentas presentadas por agencias de los Poderes Legislativo y Judiciario, así como por el Ministerio Público.
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La Constitución Federal de Brasil establece que las organizaciones y entidades del sector público están sujetas al control interno de cada poder del gobierno, así como al control externo ejercido por el Congreso Nacional, con el apoyo del Tribunal de Cuentas (TCU-Brasil). El TCU lleva a cabo auditorías e inspecciones contables, financieras, presupuestarias, de rendimiento y patrimonial para verificar la legalidad y la legitimidad de las acciones del gobierno, así como la aplicación de subvenciones, subsidios y exenciones.
Además de eso, basado en el principio de sumisión al control interno y externo, el artículo 70 de la Constitución Brasileña establece que cualquier individuo o entidad que use, recaude, guarde, gestione, invierta o administre fundos, activos y valores públicos federales deben presentar un informe al Tribunal. Los fundos bajo la responsabilidad Federal, o los que representan obligaciones pecuniarias en nombre del Gobierno Federal (e.g. préstamos o garantía de préstamos contra el Gobierno Federal), también están sujetos a esa regla, bajo la jurisdicción del TCU.
De esa manera, la auditoría externa del sector público es responsabilidad del Poder Legislativo, representado por el Congreso Nacional, en una acción en conjunto entre las Cámaras Alta y Baja (La Cámara de los Diputados y el Senado). El Congreso Nacional tiene apoyo del TCU para desempeñar esa tarea y, como resultado, el Tribunal se convierte en el cuerpo operacional de la Unión de control externo por excelencia.
Los controles internos y externos establecidos constitucionalmente son los instrumentos disponibles para que el Estado Brasileño promueva y aliente transparencia, probidad y eficiencia en la administración de la res publica. A pesar de procesos judiciales para daños o conducta impropia, esos instrumentos de control siempre pueden ser usados en el sistema legal del Tribunal.
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Las principales funciones del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil pueden ser divididas en las siguientes: inspección, consulta, información, adjudicación, sanción, corrección, normativa y oidoría (ombudsman). Además de esas, algunas de sus actividades son de carácter educacional.
Función Fiscalizadora
Función Consultiva
Función Informativa
Función Judicante
Función Sancionadora
Función Correctiva
Función Normativa
Función Oidoría
Función Educativa
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Esta responsabilidad implica actividades de investigación, auditoría, inspección, seguimiento y supervisión en conformidad con su atribución de control externo. Eso involucra una evaluación de la legalidad de los actos que conceden jubilaciones y pensiones, y la selección de personal para el Servicio Público Federal, así como la inspección de renuncia de ingresos y de actos y contratos administrativos, en general.
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La función consultiva es ejercida a través de la elaboración de pareceres previos e individualizados, de carácter esencialmente técnico, acerca de las cuentas rendidas anualmente por los jefes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciario y por el jefe del Ministerio Federal de Justicia, para proporcionar al Congreso Nacional con subsidios para la adjudicación de dichas cuentas, como es su atribución.
Incluye también examinar consultas enviadas por autoridades legitimadas para hacerlas, a respeto de dudas referentes a disposiciones legales y normativas relativas a asuntos bajo la responsabilidad del Tribunal.
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La responsabilidad informativa es ejercida suministrando informaciones solicitadas por el Congreso, por una de sus Casas o por una de sus Comisiones, con respecto a la fiscalización realizada por el Tribunal. Comprende también presentar, al poder competente, conclusiones sobre irregularidades o abusos encontrados, bien como enviar al Congreso Nacional informes trimestrales y anuales de las actividades del Tribunal.
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Según la Constitución, el Tribunal realiza auditoría y juzga las cuentas de administradores y otros responsables de fondos, bienes y valores públicos de la administración directa e indirecta, incluyendo las fundaciones y sociedades creadas y mantenidas por el Poder Público Federal, así como las cuentas de aquellos que causaren pérdida, extravío u otra irregularidad que resulte en daño al tesoro público.
En respuesta a las solicitudes de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados, el Tribunal emite también pareceres conclusivos acerca de sospechas de gastos no autorizados. Si se concluye que los gastos son impropios, el TCU propone al Congreso la cesación del gasto.
Aproximadamente 2,600 organizaciones federales y entidades someten regularmente sus cuentas para evaluación ante el Tribunal. Además, los fondos suministrados por el Gobierno Federal, los municipios, los estados brasileños y el Distrito Federal también están bajo la jurisdicción del Tribunal. El total suma más de 5,600 unidades.
Las cuentas pueden ser divididas en:
Regular – cuando las cuentas expresan la exactitud de los documentos de contabilidad y demuestran la legalidad, la legitimidad y la solidez de los actos de gestión del responsable. En esos casos, el Tribunal emite una declaración de cumplimiento total.
Regular con reservas – cuando las cuentas presentan características inapropiadas o cualquier tipo de falta que no causen pérdida al tesoro público. En eso caso, el Tribunal declara que el responsable fue aprobado y rutineramente envía direcciones para que corrija las faltas.
Irregular – cuando las siguientes instancias ocurren: dejar de someter las cuentas para aprobación; realizar un acto administrativo que sea considerado ilegal, ilegítimo, antieconómico o violación de normas legales y estatutarias; causar pérdidas al tesoro público como resultado de acto administrativo ilegitimo o antieconómico, desvío o apropiación indebida de dinero, bienes o valores públicos.
Cuando las cuentas son consideradas irregulares y una cantidad se le debe, el Tribunal exige que el responsable pague el débito corregido de acuerdo con la inflación, además de las multas aplicables.
Por decisión de la Justicia Electoral, el responsable de la cuenta considerada irregular puede ser considerado inelegible a cargos electivos.
La decisión del Tribunal determinando la deuda y aplicación de multa constituye una deuda legalmente contestable.
Siempre que cuentas son juzgadas irregulares como resultado de pérdida para el tesoro público debido a desvío o apropiación indebida de dinero, bienes o valores públicos, el Tribunal remite el caso, con la documentación correspondiente, al Ministerio Público de la Unión para que empiece los procedimientos civiles y criminales aplicables.
El Tribunal de Cuentas de la Unión tiene atribución exclusiva para la evaluación y el juzgamiento de las cuentas de los responsables de dinero público y sus decisiones no están sujetas a revisión por ninguna otra institución, poder o jurisdicción, excepto en caso de un acto de nulidad resultante de un incumplimiento formal grave o una ilegalidad confirmada, juzgado exclusivamente por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
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Sanciones son aplicadas a los responsables de ilegalidades en los gastos o irregularidades en las cuentas de acuerdo con la sanciones establecidas por la Ley Orgánica del Tribunal (Ley n° 8443/1992).
Algunas de las sanciones, que pueden ser aplicadas aisladamente o en conjunto, son: (1) aplicación de multas a los administradores o responsables en un total proporcional a la pérdida causada al tesoro público, a condición de que la pena no sea más grande que la cantidad de la pérdida; (2) multa al responsable de cuentas juzgadas irregulares debido a un acto irregular, ilegítimo o antieconómico por recusa de someterse a una recomendación o determinación del Tribunal, por obstruir la libre realización de inspecciones o auditorías, además de ocultar proceso, documento o información; (3) impedir el responsable de ejercer cargo en comisión o posición de confianza en la administración pública, por un periodo de cinco a ocho años; (4) declarar el responsable no apto debido a falta de integridad para participar de licitación en la administración pública por un periodo de hasta cinco años.
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Al descubrir una ilegalidad o irregularidad en cualquier organización pública o acto administrativo de una entidad, el Tribunal establece un plazo para que cumpla con la ley.
Si se cuestiona un acto administrativo y no hay cumplimiento, el Tribunal ordena el cese de dicho acto. Si un contrato en cuestión, está bajo la autoridad del Congreso para hacer que los que tienen ese derecho tomen las medidas legales necesarias para detener y restringir el acto. En caso de que el Congreso o los que tienen derecho no apliquen medidas necesarias en un plazo de noventa días, la decisión será tomada por el Tribunal.
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La prerrogativa del Tribunal establecido por la ley le concede el poder para emitir instrucciones y actos (es decir, genera obligación de cumplimiento bajo penalidad), a respeto de asuntos bajo su jurisdicción y atribuciones y la producción de actos legales que son de su responsabilidad.
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Esta función representa la posibilidad para el Tribunal recibir denuncias y peticiones a respeto de irregularidades e ilegalidades que les son comunicadas por los responsables del control interno, o por las autoridades, ciudadanos comunes, partidos políticos, asociaciones o sindicatos. Luego, esta función es de máxima importancia para el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y para defender el interés colectivo. También tiene un rol importante en el aliento de la colaboración con la implementación del control.
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El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil lleva a cabo su función educativa enseñando las mejores prácticas de gestión, mediante la publicación de libros y manuales, patrocinio de talleres, encuentros y reuniones de carácter educativo, a través de su participación en ponencias, conferencias y oficinas, y también cuando hace recomendaciones a respeto de algunas prácticas, como resultado de sus auditorías operacionales.
El carácter educativo está presente también cuando sanciones son aplicadas a los responsables por irregularidades o prácticas que resultan en pérdida al tesoro público, porque estas sanciones sirven para inhibir y disuadir estas prácticas.
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