Tribunal de Contas da União
La productividad como bien público
Los estudios han demostrado que la eficiencia/ productividad es baja en todos los sectores del Brasil. Hay una serie de reformas que deben ser ejecutadas para estimular la eficiencia y la competitividad de las empresas brasileñas. Al mismo tiempo, debemos eliminar los innúmeros obstáculos que afectan nuestra productividad (burocracia excesiva y contraproducente, entorno empresarial complejo, costoso y que genera inseguridad jurídica). En el informe Doing Business del Banco Mundial (cuyo objetivo es medir la facilidad para hacer negocios y la calidad del ambiente regulatorio para los emprendedores en 190 países), Brasil está en la posición 109°.
En comparación con Brasil, ¿qué tienen en común países como Holanda, Dinamarca, Francia y Eslovenia? Además de las temperaturas medias más bajas y no tener el portugués como idioma oficial, todos estos países presentan tasas de productividad más altas que las brasileñas, es decir, necesitan menos horas de trabajo para generar la misma cantidad de riqueza en relación con nosotros. Según el informe del Banco Mundial publicado en marzo de 2018, el abismo solo ha aumentado: la productividad del trabajador brasileño apenas ha crecido un 17% en los últimos 20 años, mientras que en los países con altos ingresos se observó un crecimiento del 34%.
Con el aumento de la esperanza de vida de la población y el final de la llamada bonificación demográfica, es imperativo que Brasil tenga la capacidad de hacer más con menos y aumentar el volumen producido por aquellos que están activos. El aumento de la productividad de un país beneficia a la populación en general, de modo que puede beneficiarse de bienes y servicios con costos de producción más bajos y de mejor calidad. Al mismo tiempo, su aumento no es exclusivo ni rival, porque beneficia a la sociedad indistintamente, permitiendo clasificar la productividad como un bien público. Está claro que mejorar la productividad puede ser una de las salidas más elocuentes para mejorar los estándares de desarrollo del país.
Las acciones para mejorar las tecnologías de fabricación, racionalizar los métodos de trabajo y de gestión, mejorar la eficiencia logística, aumentar la calidad de la educación de la populación y reducir los procedimientos burocráticos redundantes son fundamentales para elevar los niveles de productividad. No hace falta enfatizar el papel de los gobiernos en la promoción de acciones que fomenten el bienestar colectivo a través del aumento de la productividad, independientemente de la orientación ideológica del gobernante en servicio, en la medida en que mayores tasas de productividad benefician a los gobiernos y ciudadanos de todos los colores. ¿Qué hacer con el aumento de la productividad, reinvertir para acelerar el crecimiento o redistribuir para aliviar las desigualdades sociales, o la combinación de las dos cosas es una opción a ser realizada por los representantes democráticamente elegidos por la populación?
Pero si la productividad es beneficiosa, ¿por qué gobiernos más a la derecha y a la izquierda del espectro político no lograron desatar este nudo y ponen a Brasil en un círculo virtuoso? La respuesta es simple: los gobiernos no han priorizado este tema debido a los altos costos políticos asociados y a las presiones corporativas. Los beneficios de las políticas dirigidas para aumentar la productividad son difusos y observables a largo plazo, pero los costos políticos se pagan en efectivo en forma de pérdida de apoyo parlamentario y reacciones contrarias de las corporaciones que se han acostumbrado a vivir de privilegios y con una capacidad enorme para hacer que sus intereses sean atendidos. Así, desde el punto de vista del político estándar – aquel que pretende optimizar sus posibilidades de elección en lugar de observar el bienestar colectivo – la cuenta no encierra.
De hecho, varias disputas tendrían que ser compradas para llevar adelante una agenda de estímulo a la productividad. La lista de ejemplos es larga y parte desde el lobby de los notarios contra el proyecto de ley que crea el duplicado electrónica, capaz de reducir la burocracia y de aumentar la seguridad del sistema de garantías, a las entidades de abogados contrarios al uso de tecnología de la información para auxilio en la elaboración de acciones laborales que aumentarían la eficiencia de la justicia, pasando a través de estamentos del funcionalismo público que pueden tener sus privilegios revisados, los empresarios nacionales defensores de la reserva de mercado y contrarios a la reducción de los impuestos a las importaciones, los líderes de sindicatos de empleadores que sobreviven gracias a las transferencias públicas y son refractarios a un examen detallado del impacto de sus entidades, llegando a grupos de interés bien conectados con el sistema político y sedientos de créditos subsidiados y beneficios fiscales, solo por nombrar algunos.
Según un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) se diagnosticó que, el 85% (R$ 240,6 mil millones) de las exenciones totales previstas para 2018 no tienen fecha de vencimiento y el 44% (R$ 125,6 mil millones) se otorgaron sin estudios que muestren beneficios sociales o económicos que se justifiquen frente a la pérdida de recaudación de los fondos públicos. Primero nosotros, después el resto. Al actuar por su propio interés en un entorno lleno de distorsiones de incentivos, las corporaciones agravan aún más el problema de productividad en Brasil.
Las elecciones de 2018 son una excelente oportunidad para discutirse el tema de nuestra baja productividad de forma madura con la sociedad brasileña, mostrando que el aumento de la productividad es necesario para un crecimiento permanente y sostenible.
Los países como Australia y Chile encontraron en las llamadas “Comisiones de Productividad” una forma para quebrar con el status-quo. Brasil puede tomar el mismo camino para coordinar armoniosamente la actuación de los diversos sectores gubernamentales, para institucionalizar y perpetuar la agenda y, principalmente, para aclarar las implicaciones de las políticas que bloquean la productividad, explicitando con base en evidencias sólidas, los ganadores y perdedores de un arreglo dado. Para evitar la creación de otra agencia gubernamental, tales funciones podrían estar acopladas a estructuras que ya realizan evaluaciones de políticas públicas. Naturalmente, además de estar suficientemente protegida de influencias políticas, la comisión de productividad necesita de una alta reputación técnica y un empoderamiento institucional para implementar sus recomendaciones en todas las esferas de la máquina pública.
Así, más allá de la lógica de los ciclos políticos, la productividad debe ser encarada como un bien público y ser tratada como una política estatal, no como una política gubernamental. El tiempo es ahora.
Débora Costa, Fernando Camargo y Sandro Cabral
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Débora Costa es licenciada en Derecho y Economía, Master en Derecho Constitucional y Auditora del TCU. E-mail: debora.costaferreira91@gmail.com
Fernando Camargo es licenciado en Administración Pública y Derecho y Auditor del TCU. E-mail: fernandoscamargo@gmail.com
Sandro Cabral es Doctor en Administración y Profesor del Insper. E-mail: SandroC2@insper.edu.br