Auditoría

Auditoría de conformidad

La principal preocupación del Tribunal de Cuentas de la Unión es la lucha interminable contra la corrupción, el despilfarro y la mala utilización de los recursos públicos.

Por lo tanto, además de realizar auditorías solicitadas por el Congreso u originadas por denuncias o representaciones, dos veces al año el Tribunal establece un cronograma de auditorías para verificar el uso correcto de fondos públicos por las organizaciones o entidades bajo su jurisdicción.

Tales auditorías son nombradas auditorías de conformidad. Hay que destacar, como ejemplo, las auditorías realizadas para examinar obras públicas que recibirán fondos federales para reportar su estatus al Congreso. Esto permite a los miembros del Congreso formar una opinión cuanto a ser o no conveniente desembolsar fondos presupuestarios para la manutención o retomada de las obras. Cuando el Tribunal encuentra irregularidades graves en tales obras públicas, el Congreso suspende el desembolso de fondos hasta que las faltas sean corregidas. Como resultado, un apéndice es añadido a la Ley Presupuestaria Anual con una lista de las obras que violaron gravemente la ley para que la transferencia de fondos sea bloqueada hasta que haya cumplimiento. Cuando necesario, las auditorías de conformidad son realizadas para ayudar la evaluación de actividades de personal sujetas al examen del Tribunal, tales como admisión o jubilación de empleados civiles y militares o pensiones del servicio público federal.

Auditoría de Rendimiento

La auditoría de rendimiento es un examen independiente, objetivo y confiable para verificar si los compromisos, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno están operando acorde a los principios de economía, eficiencia y efectividad y si hay margen para mejorar.

Las auditorías de rendimientos entregan nuevas informaciones, conocimiento o valor proporcionando nuevas perspectivas analíticas (análisis más amplios y profundos o nuevas perspectivas); haciendo informaciones existentes más accesibles para varias partes interesadas y proporcionando una visión o conclusión independiente y autoritativa basada en evidencias de auditoría; proporcionando recomendaciones basadas en un análisis de los hallazgos de auditoría.

El principal objetivo de la auditoría de rendimiento es promover la gobernanza económica, efectiva y eficiente. Contribuye también para la accountability y transparencia ayudando a los responsables de la gobernanza y de la fiscalización a mejorar el desempeño. La auditoría de rendimiento se centra en áreas en las que se pueden agregar valor para los ciudadanos y que tienen el mayor potencial de mejora.

Auditoría Ambiental

Brasil tiene la floresta tropical más grande del mundo y una de las mayores reservas de agua dulce en la Tierra. El deterioro de las condiciones del medio ambiente en escala regional y mundial ha hecho los sectores privados y públicos adoptaren políticas ambientales e instrumentos de gestión. Las auditorías ambientales tienen por objeto examinar y evaluar los aspectos legales, técnicos y administrativos de las actividades institucionales relacionadas directa o indirectamente al medio ambiente, para mejorar su desarrollo con respecto a la preservación de los recursos naturales. En ese marco, las principales actividades del Tribunal incluyen la realización de auditorías ambientales( considerando, cuando posible, los aspectos ambientales mientras otros tipos de auditorías son realizadas); la identificación del impacto ambiental de los principales proyectos y programas del gobierno; la creación y manutención de una base de datos de legislación y jurisprudencia ambientales; formar parte como miembro en la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS y organización de seminarios, juntamente con otras entidades fiscalizadoras, para intercambiar y dar a conocer informaciones relacionadas a temas ambientales.

Privatizaciones

En las últimas décadas, la privatización ha sido el mecanismo empleado por muchos países para implementar reformas significativas del estado.

La privatización implica la transferencia de propiedad pública para el dominio privado. Luego, el Programa Nacional de Privatización es fiscalizado por el Congreso Nacional, en conformidad con la Constitución brasileña. Esta fiscalización es realizada juntamente con el Tribunal de Cuentas de la Unión.

El Tribunal de Cuentas de la Unión supervisa todas las fases del proceso de privatización examinando la documentación apropiada y realizando inspecciones y auditorías en la empresa que será privatizada. Durante el seguimiento, el Tribunal evalúa la conformidad de los procedimientos y la adecuación de los precios mínimos establecidos. Cuando sea necesario, en nombre del interés público bien como de la preservación de la hacienda pública, el Tribunal determina las correcciones aplicables para llevar a cabo, como ha ocurrido en varias ocasiones. Como una cuestión de control de calidad, el Tribunal impuso en los contractos la inclusión de indicadores de Cualidad de Servicio y criterios de evaluación, para permitir a los usuarios finales la posibilidad de exigir de los concesionarios y del otorgante la excelencia del servicio acordado. El Tribunal supervisa también la subcontratación de servicios públicos a cargo de la Unión, controlando, así, en nombre del interés común, la actuación de los concesionarios.

Cuentas del Gobierno

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La rendición de cuentas por el jefe de gobierno es un instrumento tradicional de accountability en la administración pública de Brasil. La Constitución determina que los gobiernos en las esferas federal, estadual y municipal tienen dos meses al año para producir un informe tratado del estado global de las respectivas finanzas públicas del año anterior. De esa manera, un tribunal de cuentas independiente se encarga de la presentación al Parlamento de una amplia revisión de cuentas, que incluye el parecer no vinculante del TCU sobre la regularidad de las cuentas anuales. De ahí, el Parlamento emite una decisión final sobre las cuentas rendidas.

En el caso del gobierno federal, queda a cargo del TCU presentar al Congreso una revisión de las cuentas anuales del Presidente. Esto es altamente valorado como una instancia para el Tribunal ejercer el control independiente del gobierno, asistir al Congreso con su rol de fiscalización y promover accountability pública, transparencia y control social de la actividad del gobierno, puesto que su revisión de las cuentas anuales constituye un elemento clave para las autoridades públicas, académicos, medios de comunicación y grupos de defensa nacionalmente.

Además de su función de revisión independiente y pública de las acciones del gobierno, el proceso de cuentas del gobierno puede asumir un rol más crítico para los líderes de gobierno, una vez que la legislación existente determina que, cuando las cuentas son juzgadas “irregulares” por el Congreso tal hecho tiene implicaciones como por ejemplo, convertir el detentor del cargo en temporalmente inelegible. El informe independiente per se del Tribunal, aunque no vinculante para la decisión parlamentar, puede también subsidiar investigaciones o casos legales interpuestos fiscales públicos o servir como base para procedimientos de destitución.