La participación ciudadana, tema de debate internacional promovido por el TCU y el PNUD

El 17 de septiembre, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Brasil y el Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, organizó el seminario web internacional Participación ciudadana en las entidades fiscalizadoras. El encuentro, que se transmitió por Zoom con interpretación simultánea en portugués, español e inglés, reunió a especialistas de Brasil y del exterior para debatir sobre el acercamiento entre la ciudadanía y las entidades fiscalizadoras, así como sobre la ampliación de la participación social en el seguimiento de las políticas públicas.

El evento tuvo como objetivo estimular el intercambio de prácticas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones públicas, y también se abordaron temas como experiencias de gobierno abierto, control social, participación digital, inclusión y oportunidades de cooperación entre organizaciones de distintos países.

El evento fue moderado por Moema Freire, líder regional del equipo de Gobernanza del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, y por María Soledad Gattoni, especialista en políticas de participación cívica del equipo global de Esfera Pública Abierta e Inclusiva del PNUD.

El ministro del TCU, Odair Cunha, inauguró el seminario web y dio la bienvenida a los participantes, agradeciendo la alianza con el PNUD. Cunha destacó que el fortalecimiento de la democracia requiere necesariamente del acercamiento entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

¿Vivimos en sociedades cada vez más informadas y conectadas. Al mismo tiempo, los desafíos públicos más complejos exigen a las instituciones una mayor capacidad para escuchar, dialogar y comprender las diferentes realidades que vive la población. Para las entidades fiscalizadoras, esta agenda tiene una importancia especial, ya que supervisamos los recursos públicos, evaluamos políticas públicas y contribuimos a la mejora de la administración. Pero, en última instancia, este trabajo existe para producir resultados para la sociedad. Acercar al ciudadano al control externo no significa simplemente ampliar el control social, sino también ampliar nuestra capacidad para comprender los problemas públicos, identificar riesgos y prioridades, y evaluar si las políticas y los servicios están mejorando de hecho la vida de las personas, declaró el ministro.

Experiencia del TCU

En representación del Tribunal, el jefe del Servicio de Participación Ciudadana de la SRI, Aurelio Toaldo, presentó el Marco de Referencia de Participación Ciudadana del TCU, publicado en 2025. Su exposición abordó la aplicación del documento y las lecciones aprendidas por el Tribunal en procesos de auditoría, así como en las dos consultas públicas realizadas en el Portal de Participación Ciudadana y en el programa Juntos pelo Cidadão.

Según Toaldo, ya ha habido participación ciudadana en al menos 100 auditorías del TCU en 2025 y 2026. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Tribunal por ampliar la participación de la sociedad en actividades relacionadas con el control externo y la mejora de las políticas públicas.

Según Ollin Pérez Raynaud, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 43 % de las personas en los países de esta organización declaran tener una confianza baja o nula en el gobierno nacional, pero este nivel tiende a aumentar cuando hay participación en las decisiones. - Quien siente que tiene voz y puede influir expresa mayor confianza en las instituciones. No se trata de participar, sino de hacerlo mejor, con propósito y conexión con los resultados.

De acuerdo con Carolina Cornejo, la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership - OGP, por sus siglas en inglés) ha promovido referencias orientadas a acciones de ciudadanía, entre ellas la elaboración de una guía de participación ciudadana en la estrategia. Cornejo destacó que, en los últimos años, se ha producido un acercamiento entre la OGP y las entidades fiscalizadoras para incentivar las auditorías participativas. Subrayó, además, que la participación social no anula la independencia del auditor, sino que potencia su labor.

Clara Bois, de People Powered, presentó una guía sobre plataformas digitales de participación y analizó tres mitos comunes en este tipo de iniciativas: que lo digital garantiza por sí solo la inclusión; que el trabajo termina cuando se abre el canal; y que más funcionalidades tecnológicas significan necesariamente mejores resultados. Para la representante de People Powered, lo que realmente marca la diferencia son las personas dentro de las instituciones, capacitadas para recibir las contribuciones de la ciudadanía y responder a ellas. - La herramienta digital es la última decisión, no la primera, afirmó.

Según Renzo Lavin, consultor internacional que presentó las lecciones aprendidas de experiencias vinculadas al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los debates sobre la conveniencia o no de la participación ciudadana en el control comenzaron en 2006. - Ya no se discute si es relevante; eso está superado. Se necesitan más estudios para entender cuáles son las iniciativas que funcionan mejor. Si no medimos, no hay manera de corregir el rumbo.