El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Asociación de los Miembros de los Tribunales de Cuentas de Brasil (Atricon) y el Instituto Rui Barbosa (IRB) establecieron una alianza para perfeccionar la actuación coordinada de los tribunales de cuentas brasileños en la fiscalización de políticas y programas públicos que son ejecutados de forma descentralizada- caso, por ejemplo, del Sistema Único de Salud (SUS). El objetivo principal es contribuir para la mejora del uso de recursos públicos y de los resultados entregues a los ciudadanos.

El proyecto “Gobernanza Multinivel y Políticas Públicas Descentralizadas” fue lanzado el 3 de mayo, en la sede del Tribunal en Brasília. En su discurso durante la ceremonia, el presidente del TCU, ministro Raimundo Carreiro, afirmo que la configuración política del Brasil (una República Federativa) aumenta la necesidad de articulación tanto entre las instituciones que ejecutan políticas públicas como entre las que evalúan y controlan resultados. “Las crecentes demandas sociales y la escasez de recursos públicos requieren, en Estados Federativos, la coordinación de las acciones entre las esferas de gobierno. Ese cuadro tiene la complejidad ampliada en el caso brasileño, debido a la existencia de tres esferas gubernamentales, a la definición de una amplia variedad de competencias comunes a la Unión, Estados y municipalidades y a la disparidad entre regiones brasileñas en múltiples escalas territoriales”, observó. “En ese escenario esa alianza se hace necesaria. Ese proyecto facilitará evaluaciones y auditorías más sistemáticas de políticas públicas y programas gubernamentales que son fundamentales para el crecimiento sostenible e inclusivo del País”, acrecentó.

Para el presidente del IRB, Ivan Bonilha, el concepto de República Federativa tiene una gran responsabilidad, en la cual las partes de la federación se deben unir para lograr un objetivo común y mayor.” El TCU es el verdadero catalizador de esa orientación. Nuestro mayor desafío es establecer un diálogo constante, donde cada uno de los Estados involucrados pueda debatir sus contribuciones, sin ninguna limitación de pensamiento, para que lo que sea producido refleje en la mayor efectividad en la aplicación de los recursos públicos”, señaló.

El fortalecimiento del dialogo y de la articulación también fue destacado por el director de Gobernanza Pública de la OCDE, Marcos Bonturi, como un elemento importante para que el país produzca mejores condiciones para implementar políticas públicas. “En Brasil, donde se da varias prerrogativas de los entes federados, es esencial que haya comunicación y cooperación, porque el objetivo de nuestra alianza es que la población tenga acceso a mejores servicios y que podamos avanzar en la generación de mejores condiciones para los ciudadanos”, dijo.

Según él, el trabajo que será desarrollado ayudará la OCDE a aconsejar mejor países que también son Repúblicas Federativas y tienen estructuras semejantes al Brasil. “Hay mucho interés de la parte de los países en aprender con el trabajo que estamos desarrollando”, señaló Bonturi.

También participaron del evento el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Sebastião Helvécio, el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado del Rio Grande do Sul (TCE-RS), Pedro Figueiredo, el secretario-general de la Presidencia del TCU, Rainério Rodrigues Leite, secretarios del Tribunal.

Productos y resultados

El proyecto actuará en cuatro frentes principales: salud, educación, desarrollo regional e infraestructura. “El ciudadano es el punto alto de toda la acción de control. La misión de los tribunales de cuentas es ayudar la administración pública para beneficiar la sociedad. La “expertise” de la OCDE mejorará nuestra actuación y la percepción del ciudadano sobre esas acciones de gobierno”, afirmó el titular de la Coordinación-General de Control Externo de Resultados de Políticas y Programas Públicos (Coger), Marcelo Barros.

Entre los productos previstos, están: identificación y selección de indicadores para el seguimiento sistemática y periódico de políticas públicas descentralizadas; modelo de evaluación de madurez de gobernanza en políticas públicas, con énfasis en aspectos de coordinación federativa, y estrategia de control coordinado de políticas públicas descentralizadas. “La cooperación entre el TCU y la OCDE representa una importante oferta de oportunidades y beneficios para el logro de los objetivos del control externo, además, posibilita acceso a expertos, bases de datos amplias y calificadas y prácticas sobre fiscalizaciones en diferentes países, lo que puede respaldar el desarrollo de gobiernos innovadores y estrategias cooperativas de control”, destacó el presidente Carreiro.

Como resultados, se espera el estímulo al monitoreo y a la evaluación del desempeño por la administración pública, la inducción al uso de indicadores disponibles, el intercambio nacional e internacional, intercambio de mejores prácticas para el control, la identificación de avanzos o retrocesos en la gobernanza pública, además de la diagnosis, evaluación e inducción de mejoras e innovación. En el ámbito del TCU, el proyecto es coordenado por varios departamentos.

 Audiencia

Antes del lanzamiento, el presidente Raimundo Carreiro recibió, en audiencia, el jefe de la División de Integridad de la OCDE, Janos Bertok, la jefa de Gobierno, Portfolio Digital y Datos Abiertos de la OCDE, Bárbara Ubaldi, y el jefe de la División de la Integridad en el Sector Público de la OCDE, Gavin Ugale. El secretario-general de la Presidencia, Rainério Rodrigues Leite, el titular de la Coger, Marcelo Barros, y el auditor de control externo Alexandre Carlos Leite de Figueiredo, asignado en la Coger, que actualmente coordina las actividades del proyecto en el ámbito del TCU, estuvieron presentes en la audiencia.

Encuentro con los TCEs

El 12 de abril, el TCU realizo un encuentro para presentar a los tribunales de cuentas de los Estados los objetivos, las fases y los productos que integran el proyecto. El evento fue llevado a cabo en el Instituto Serzedello Correa (ISC) y contó con presentaciones de integrantes del Tribunal- entre ellos, los secretarios-generales de la Presidencia, Rainério Rodrigues Leite, y de Control Externo, Cláudio Castello Branco-, del IRB y de la Atricon.

En la oportunidad, el secretario-general de la Presidencia, Rainério Rodrigues Leite, afirmo que la realización de auditorías coordenadas ya ha acercado los tribunales, con resultados concretos”. “Pero el enfoque de ese nuevo proyecto va más allá, porque entenderemos que vamos trabajar con ele sistema de control y no con tribunales de cuentas aislado. Es el sistema de control preocupado con el resultado de políticas públicas, y no un u otro tribunal actuando de manera aislada”, dijo. “Para que hagamos el diagnóstico de políticas públicas es necesario comprender que una política público pertenece a todos; ella va desde la unión hasta la municipalidad, señaló.  

Castello Branco, a su vez, ponderó que las políticas públicas brasileñas solo serán eficientes con la participación efectiva del control externo. “Ese evento es un marco, en el cual nosotros nos estamos uniendo, alineando objetivos, conceptos, expectativas y resultados que buscamos. Nosotros ya hacemos auditorías coordenadas, pero necesitamos avanzar. La OCDE, por otro lado, nos ayudó bastante en los aspectos de cuentas de gobierno y de gobernanza pública. Ahora es el momento de nuestra gran unión para que logremos mejores resultados”, dijo.

En su opinión, la alianza permitirá la producción de referencias para la administración pública, no solamente para el control, pero también para el gestor. “Ese es nuestro principal enfoque. Nosotros, los auditores, nos preocupamos mucho con los cambios, pero el que las ejecuta es el gestor. El buen gestor existe y tenemos que ayudarlo”, evaluó.

Histórico

La alianza entre el TCU y la OCDE empezó en 2011, con la firma de un acuerdo de cooperación para el desarrollo de revisión de pares en las Cuentas de Gobierno, firmado en la gestión del presidente del Tribunal, ministro Benjamin Zymler (2011-2012). En el bienio siguiente, durante la gestión del ministro-presidente Augusto Nardes (2013-2014), empezó el proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Pública: buenas prácticas y el papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, cuyos productos fueron entregues a la Corte de Cuentas a lo largo de la gestión del ministro-presidente Aroldo Cedraz (2015-2016).