En la auditoría operacional realizada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), bajo la relatoria del ministro Vital do Rêgo, se analizaron más de 30 mil obras públicas financiadas con recursos federales, se constató que más del 30% se encuentran paralizadas o inacabadas. Lo que corresponde a casi el 20% de la inversión prevista.

Las principales causas señaladas fueron: contratación realizada con base en un proyecto básico deficiente; insuficiencia de recursos financieros de contrapartida; y dificultad de gestión de los recursos recibidos.

En una reacción a las revelaciones de la auditoría, en sesión plenaria, los ministros del TCU recomendaron al Ministerio de Economía que, junto con los demás ministerios que gestionan recursos destinados a obras públicas, adopte medidas para promover una mayor interacción y compartir información. Además, se recomendó la creación del Registro General de Obras Públicas integrando las bases de información con miras a garantizar mayor transparencia y confiabilidad de las informaciones.

El siguiente gráfico ilustra los principales motivos para la paralización de las obras:

El objetivo final es concientizar al gobierno sobre los recursos ya comprometidos y evitar que el poder público siga iniciando nuevos emprendimientos sin un completo análisis de la capacidad financiera.