El folleto proporciona una comparación detallada e ilustrativa de cuánto ha gastado el gobierno en áreas como salud, seguridad y educación en los últimos años, así como la carga de la deuda pública.

La información sobre algunos de los temas del folleto se publicará en el Portal TCU de manera simplificada, lo que dará aún más visibilidad a temas que sean de interés para todos.

TCU advierte de la falta de transparencia en la concesión de beneficios fiscales

En 2018, los beneficios proyectados totales otorgados fueron de R$ 314,2 mil millones, correspondientes al 25,6% de los ingresos primarios netos y al 4,6% del PIB. Hubo R$ 292.8 mil millones en beneficios fiscales y R$ 21.4 mil millones en beneficios financieros y crediticios.  De este total, R$ 62 mil millones son el resultado de exenciones de contribuciones a la seguridad social. El volumen de incentivos fiscales otorgados en Brasil es más alto que lo que se gasta en Salud, Seguridad y Educación combinados.

El Secretario de Macroevaluación Gubernamental (Semag), Leonardo Albernaz, afirma que los valores muy altos dejan de entrar en las arcas de la Unión cada año, y que no deben ser ignorados, especialmente en tiempos de crisis. Él cree que este tipo de concesión debería estar vinculado a algún tipo de contraparte que haya demostrado beneficiar a la sociedad. Pero ese no es el caso.

Según Albernaz, el 85% de las exenciones otorgadas no tienen fecha de vencimiento. En general, las exenciones no se someten a evaluaciones sistemáticas que justifiquen el mantenimiento o la extinción de los beneficios. La renuncia es un gasto menos transparente, que una vez instituido tiende a permanecer. Es una especie de concesión "eterna" hecha con dinero público.

Una de las principales críticas del Tribunal a este tipo de beneficio fiscal es la falta de evaluación y estudios que prueben el costo-beneficio de este tipo de incentivo para el país, así como la falta de criterios técnicos en el proceso de concesión. La naturaleza legal de las concesiones de incentivos fiscales dificulta la transparencia pública, ya que puede instituirse por ley o por decretos o medidas provisionales.

A pesar de ser otorgado por instrumentos legales, el TCU se dio cuenta de que parte de las concesiones de los últimos años estaban en desacuerdo con lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) - lo que llevó al TCU a registrar, en la Opinión Previa sobre las Cuentas del Presidente de los últimos años, irregularidades, advertencias y recomendaciones relacionadas con el incumplimiento de los requisitos para la exención de ingresos.

Albernaz enfatiza que el Tribunal argumenta que todas y cada una de las subvenciones de dinero público deben tener un nivel de transparencia similar al gasto del gobierno en gastos directos, que se presentan anualmente al Congreso Nacional en el proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto Anual. (LOA) “En LOA, el gasto de la Unión atraviesa una feroz disputa sobre los recursos públicos. En ella, hay compromiso, liquidación, pago ... Tras la exención, esta discusión anual se ve afectada, además del tema del secreto fiscal, ya que solo la Recaudación Federal de Brasil tiene acceso a los datos sobre las exenciones ".  

La concesión sistemática de incentivos fiscales, según él, puede estar contribuyendo a agravar la situación económica actual en el país, ya que los fondos recaudados no son suficientes para cubrir los gastos actuales en Brasil, lo que coloca al país en un círculo vicioso de endeudamiento. . "La verdad es que hacen faltan estos recursos e incluso afectan el desequilibrio fiscal de los estados y municipios, que han enfrentado déficits recurrentes, también causados por exenciones fiscales excesivas".

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