El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ha verificado una serie de indicios de irregularidades en datos de los sistemas gubernamentales. Bajo el informe del ministro Vital do Rêgo, las fallas fueron identificadas por medio de un análisis integrado. La decisión del Plenario del TCU ocurrió en la sesión del último día 7, en Brasilia (DF).

La fiscalización tuvo el objetivo evaluar el uso integrado de información en la gestión de políticas públicas, con el fin de identificar indicios de recursos públicos utilizados indebidamente. Otro punto del análisis fueron las situaciones de conflicto potencial con los principios de la administración pública. El Tribunal también investigó bases que poseen datos de baja calidad. El trabajo se basó en la experiencia ya adquirida por el TCU en auditorias basadas en análisis de datos y se inspiró en iniciativas internacionales similares, en particular la National Fraud Initiative (NFI), del Reino Unido

En total, se realizaron cruces de datos que permitieron la detección de más de 80 tipos de evidencia de irregularidades, que involucró el análisis de 31 bases de datos gubernamentales, gestionadas por 18 organizaciones públicas. Tales irregularidades cubren más de 450 mil ocurrencias, que corresponden a la utilización de los recursos públicos en el valor R$ 41 mil millones. La auditoría desarrolló los siguientes temas: licitaciones y contratos, transferencias voluntarias, ejecución presupuestaria y financiera, inmuebles de la unión, y otorgamiento de beneficios a personas físicas y jurídicas.

Los cruces de datos permitieron comprobar los indicios de irregularidades como inmuebles de la Unión invadidos o desocupados por mucho tiempo. Otra falla señalada se refiere a las empresas que se han beneficiado indebidamente de beneficios otorgados a microempresas o empresas de pequeño porte. El TCU también encontró contrataciones de empresas pertenecientes a los servidores públicos de los propios órganos contratantes. El trabajo verificó la existencia de beneficiarios de programas sociales que son asociados de empresas con un capital social alto. La Corte de Cuentas también señaló a empresas que disfrutan de beneficios fiscales, pero pagan salarios por cima de lo permitido por la ley a sus dirigentes.

Además de identificar las irregularidades de manera aislada, el Tribunal de Cuentas de la Unión exploró el análisis combinado de las evidencias, lo que identificó diversos actores involucrados. Son personas, empresas u organismos públicos que incurrieron en más de un tipo de comportamiento indebido. A partir de este análisis, fue posible detectar que 2.320 agentes incurrieron en nueve o más tipologías.

Se realizaron también cruces de datos que permitieron comparar información similar almacenada en diferentes bases de datos gubernamentales, o que demostró como la ausencia de integración entre los sistemas del propio gobierno federal posibilita la existencia de inconsistencias que podrían perjudicar la gestión de políticas públicas y el análisis de los datos propiamente dicho. Este análisis permitió, por ejemplo, la identificación de ciudadanos que están con información de fallecimiento en un sistema, pero sin el registro correspondiente en otro, lo que puede dar lugar a la concesión indebida de recursos a personas muertas. En total, fueron identificados indicios de más de 41 millones de registros inconsistentes en bases de datos federales.

En su voto, el ministro-relator Vital do Rêgo sostiene que “las iniciativas de esta naturaleza deberían formar parte de la rutina de detección de irregularidades llevadas a cabo por los organismos responsables por la implementación de los programas gubernamentales, sin embargo, no es lo que ocurre en la práctica, ya que, principalmente, las dificultades relatadas por gestores en compartir el uso de bases de datos entre las agencias federales”.

Los indicadores de irregularidades detectados serán remitidos a los organismos y entidades responsables para que haya una investigación adecuada. Los resultados también se utilizarán para subsidiar la planificación de las acciones de control externo a realizar por el TCU.

Se recomendó a la Casa Civil de la Presidencia de la República que promoviera la evaluación integrada de la gestión y de las políticas públicas a través de un uso amplio, intenso y compartido de las bases de datos gubernamentales, buscando superar los límites actuales derivados de las visiones sectoriales y segmentadas del uso de información del Estado.

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