El pasado mes de septiembre se celebró en Nueva York, Estados Unidos, la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un evento que marcó el punto medio entre el lanzamiento de los ODS en 2015 como parte de la Agenda 2030 y el plazo establecido para su consecución en 2030. Entre todos los objetivos de desarrollo sostenible, los dos primeros, dirigidos a erradicar de la pobreza y el hambre, se han visto afectados por la ocurrencia conjunta y simultánea de desastres climáticos, conflictos armados, la pandemia de COVID-19 y una recesión económica global. Enfrentando unos retos que exigían considerables esfuerzos desde el principio, la consecución de estos objetivos se ha visto aún más obstaculizada por ese contexto desfavorable.  

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza mundial había progresado de forma constante desde que se establecieron los ODS, sin embargo, sufrió un grave retroceso debido a la pandemia del Covid-19. La tasa de pobreza extrema, que había descendido del 10,8% en 2015 al 8,5% en 2019, volvió a crecer en 2020, alcanzando el 9,3% de la población mundial. Esto significaba que alrededor de 724 millones de personas vivían con menos de USD 2,15 al día. Solo en 2022 conseguimos volver a los niveles anteriores a la pandemia, con unos 670 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, lo que representa el 8,4% de la población mundial. 

No resulta sorprendente, por tanto, que la Cumbre sobre los ODS haya reconocido esta cuestión como el mayor desafío mundial de nuestro tiempo y un requisito ineludible para el desarrollo sostenible, y que Brasil, que está a punto de asumir la presidencia del G20, se haya comprometido a hacer de la lucha contra el hambre y la pobreza una de sus prioridades durante su mandato al frente del grupo. 

Según la Clasificación de las funciones del gobierno (COFOG), adoptada por la OCDE y la ONU, la protección social se desglosa en nueve subfunciones distintas, abarcando diversos grupos vulnerables de la sociedad, tales como las personas con discapacidad, los enfermos, los ancianos, las familias y los niños que viven en situación de pobreza, además de las políticas de seguro de desempleo y vivienda social. Al analizar los datos de 2021 de los países miembros de la OCDE, resulta evidente la importancia de las políticas de protección social, ya que los gobiernos destinan, en promedio, alrededor del 20% de su PIB a programas destinados a proteger los ingresos de los sectores más vulnerables de la población. Dentro de este espectro, los programas dirigidos a los sectores socialmente excluidos reciben una media del 1% del PIB.  

Considerando el alto costo y relevancia de los programas de combate a la pobreza, es imperativo que las políticas de protección de los ingresos sean efectivas al máximo. Para lograr este objetivo, tales políticas deben ser eficientes y transparentes, dirigiendo sus recursos con precisión a las poblaciones más vulnerables y permitiendo que la sociedad monitoree su implementación.  

Las entidades fiscalizadoras superiores desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar información a la sociedad sobre la calidad del gasto público. Las auditorías de desempeño, que incluyen la evaluación de políticas públicas y la revisión del gasto (spending review), cumplen un papel fundamental en este contexto, especialmente cuando se trata de la implementación de los ODS. 

En este contexto, la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) surge como un faro de excelencia en la realización de estas auditorías. Sus rigurosos estándares garantizan una evaluación exhaustiva, que identifica brechas, áreas de mejora y asegura la transparencia y responsabilidad en la búsqueda de la consecución de los ODS. Mediante el establecimiento de directrices sólidas y la promoción de las mejores prácticas, la INTOSAI desempeña un papel crucial en la promoción de la accountability (rendición de cuentas) y el impulso de los esfuerzos globales para alcanzar metas sostenibles.  

Aunque la distribución de los recursos financieros sea una métrica muy utilizada, es importante tener en cuenta que el fenómeno de la pobreza es mucho más complejo y debe evaluarse desde diversas perspectivas, que abarcan ámbitos como la alimentación, la salud, la educación, el acceso a agua potable y las condiciones de la vivienda. Aunque las políticas de transferencia de renta desempeñen un papel crucial en la creación de una red de seguridad frente a las fluctuaciones del empleo y los ingresos, la erradicación eficaz de la pobreza requiere un enfoque que promueva el desarrollo de todos los aspectos que sustentan una vida digna. 

Las políticas públicas complementarias a las transferencias monetarias abordan cuestiones complejas e interconectadas y son esenciales para hacer frente a la pobreza en todas sus dimensiones. Estas políticas tienen el potencial de impulsar un cambio estructural sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas a largo plazo, interrumpiendo los ciclos de pobreza intergeneracional, reduciendo las desigualdades socioeconómicas y promoviendo la inclusión social. 

Es evidente, por tanto, que el reto de la erradicación de la pobreza no puede abordarse de forma aislada. La actuación coordinada de las entidades fiscalizadoras superiores es clave en el complejo reto de la erradicación de la pobreza y del hambre, los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible. Desempeñamos un papel fundamental al evaluar la eficacia de las políticas públicas, identificando ineficiencias y dirigiendo la asignación más eficiente de recursos para áreas que impactan significativamente en la reducción de la pobreza. Al proporcionar información valiosa a la sociedad sobre cómo se gasta el dinero público y los resultados de las acciones gubernamentales, contribuimos para la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación vulnerable.  

La INTOSAI, como una organización que promueve la cooperación entre las entidades fiscalizadoras superiores en todo el mundo, ofrece una perspectiva crucial sobre la eficacia y transparencia en la implementación de las políticas asociadas a los objetivos sostenibles, lo que refuerza la importancia de las entidades fiscalizadoras superiores para modelar y mejorar las estrategias para lograr objetivos globales significativos.  

Además, la organización promueve varias iniciativas dedicadas al enfrentamiento de los retos del hambre y de la pobreza, reflejando su incansable compromiso con la construcción de un mundo más justo y igualitario. Entre ellas, me gustaría destacar la relevancia del proyecto “Equal Futures Audit Changemakers” (EFA) [Auditando por Futuros Igualitarios (AFI) Agentes de cambio], a cargo de la Iniciativa de Desarrollo de la de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDI, por sus siglas en inglés). La EFA tiene como objetivo promover y apoyar prácticas de auditoría de alta calidad y alto impacto, centrándose en áreas prioritarias relacionadas con situaciones de desigualdad y marginación, como la pobreza, el género, el origen étnico, la migración, la edad y la discapacidad. A través del proyecto, la IDI capacitará y prestará asistencia a las entidades fiscalizadoras superiores en el desarrollo de estrategias de actuación sobre estas delicadas cuestiones, así como en el apoyo a las auditorías de acuerdo con las normas establecidas, optimizando el impacto de estas fiscalizaciones y reforzando así el papel y la contribución de las entidades fiscalizadoras superiores en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo. 

Es imperativo unamos fuerzas y colaboremos para asegurar no solo la eficacia, sino la efectividad de las políticas de lucha contra la pobreza, avanzando concretamente en dirección a la consecución de los objetivos globales establecidos. En este contexto, el papel crucial desempeñado por la INTOSAI se destaca, con sus trabajos ya realizados y en curso, evidenciando un compromiso sólido y continuo en la búsqueda por soluciones impactantes y sostenibles.