Más de 100 años de la historia de la Auditoría Gubernamental en pocas palabras:
Brasil fue descubierto por los portugueses el año de 1500 convirtiéndose en colonia de Portugal. De ese modo, en Brasil también fue adoptado el mecanismo utilizado en la Casa de Conteo que tenía el deber de seguimiento de la recaudación de los recursos para el pago de impuestos.
Posteriormente, la Casa de Conteo se convirtió en el Erario Regio, institución responsable de la fiscalización y rendición de cuentas del gobierno federal. En 1808, con la llegada de la Corte portuguesa a Brasil, la sede del Erario Regio se ubicó en Rio de Janeiro, la capital de Brasil a la época.
Desde la independencia de Brasil, en 1822, ya había la previsión de la necesidad de control de los gastos públicos, pero la idea se concretó tras la Proclamación de la República, en 1889. En esa época se ha creado la consciencia de que el “gobierno debería hacerse para beneficio de la gente que sería la destinataria de la rendición de cuentas de los gastos públicos.”
En noviembre de 1890, el primer Presidente de la República, nombró el jurista, periodista y embajador Ruy Barbosa, para el cargo de Ministro de Hacienda, lo cual así definió el Tribunal de las Cuentas de la Unión:
“Un cuerpo de magistratura intermediaria a la administración y a la legislatura, que, actúa de forma autónoma con atribuciones de revisión y juzgamiento que está garantizado contra amenazas para que pueda cumplir con sus funciones fundamentales al organismo constitucional (...).”
En 1891 fue creado el Tribunal de Cuentas de la Unión.
Sin embargo, no es tranquila la actividad de control de los gastos públicos, una vez que hay muchos intereses personales y partidarios involucrados en eso. Así, con miras a minimizar las atribuciones del Tribunal, Floriano Peixoto, el segundo Presidente de la República, encaminó un proyecto de decreto para Inocêncio Serzedello Corrêa, Ministro de Hacienda de entonces. Serzedello fue un hombre con elevados principios morales y públicos y por ello renunció al ministerio y declaró:
“Cuando V. Exa. está en conformidad con la ley y la Constitución, el Tribunal cumple sus órdenes. Si pasa el contrario, el Tribunal es superior a usted y no se puede reformarlo. Si V. Exa. intenta así hacerlo, dimítame y que mi sucesor refrende el acto.”
El coraje y el espíritu público de Serzedello hasta hoy son ejemplos para la gente.
A lo largo del tiempo, disminuyó el poder de control de los gastos públicos por parte del TCU. En 1937, en el gobierno del Presidente Getúlio Vargas, hubo un episodio infame para la sociedad. Aunque el tribunal hubiera emitido dictamen jurídico contrario a la aprobación de las cuentas anuales del Gobierno Federal ellas han sido aprobadas. El Ministro relator del dictamen, Francisco Thompson Flores, fue dimitido del cargo y no más regresó al Tribunal.
En 1946, con la promulgación de la nueva Constitución brasileña, hubo un proceso de democratización que garantizó que el Tribunal tuviera el poder de fiscalizar los derechos individuales de libertad. Sin embargo, en 1964 hubo un cambio a causa del régimen militar que reformó la Constitución haciendo el Presidente detener el poder de legislar por medio de los “Decretos –leis.” En ese periodo fue creada la nueva Ley Orgánica del TCU.
El proceso de elaboración de la nueva Constitución Federal de 1988 permitió la participación de los ciudadanos siendo ampliadas las atribuciones del TCU que pasó a hacer el monitoreo de la gestión fiscal siendo a la vez, independiente e integrante del Poder Legislativo.
Entre las atribuciones del Tribunal, las más importantes son: el control de la ejecución por parte de los órganos federales, de los objetivos establecidos en la Ley de Directrices Presupuestarias. Además, confiere responsabilidad a los estados por el cumplimiento de los límites establecidos para la deuda total bien como para los gastos con los funcionarios de los tres Poderes y también inspecciona los procedimientos necesarios para el regreso de los gastos a tales límites.
Hoy en día, el Tribunal también es responsable de la función preventiva emitiendo mensajes cuando los organismos gubernamentales están en el límite de gastos y endeudamiento. Además de eso, fiscaliza los actos de esos organismos para que ellos cumplan con los límites de gastos y de resultados de los programas gubernamentales e investiga las irregularidades en la gestión presupuestaria pública. El TCU posee también un canal directo con los ciudadanos por medio de su Oidoría.
